La Fiscalía ha solicitado en dos ocasiones, a través de la Cancillería, cooperación internacional para citar y tomar declaración a Sandra Bathania Otazú, ciudadana paraguaya y representante legal de Botrading S. A. Esta empresa está bajo investigación por su vinculación en contratos millonarios con YPFB Corporación, que podrían haber generado un perjuicio económico estimado en hasta 857 millones de dólares.
Desde octubre, el Ministerio Público envió la primera solicitud de cooperación, pero no ha recibido confirmación sobre su ejecución en Paraguay. Ante esta falta de respuesta, la comisión de fiscales decidió emitir una nueva petición para avanzar en el proceso, según informó el fiscal a cargo, Omar Yujra.
Otazú forma parte de un grupo de más de veinte personas investigadas, que incluye a funcionarios de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, señalados por la firma de contratos que presuntamente perjudicaron al Estado. Hasta ahora, la representante legal no ha sido notificada formalmente del proceso penal en Bolivia y no ha designado defensa legal.
Botrading S. A. fue constituida inicialmente bajo otro nombre durante la administración de Evo Morales, sin registrar actividad hasta la gestión de Luis Arce. En ese periodo, se modificó su denominación, se estableció su sede en Paraguay, se le otorgó un capital prestado por YPFB Corporación y se nombró a Otazú como representante legal.
La exdiputada Luciana Campero calificó a Botrading como una empresa “de papel”, que operaba en Paraguay desde unas oficinas pequeñas y contaba con apenas tres abogados asociados. Esta estructura resulta cuestionable considerando que la compañía gestionó transacciones por un valor de hasta 857 millones de dólares para el suministro de combustibles a Bolivia.
En respuesta a estas irregularidades, una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa inició una investigación que culminó en la elaboración de dos informes remitidos a la Contraloría General del Estado. En ellos se identificaron al menos nueve irregularidades en doce contratos firmados entre YPFB y Botrading.
El fiscal Yujra señaló que el informe legislativo menciona un daño económico de 355 millones de dólares, pero que la investigación fiscal ha detectado transacciones por hasta 857 millones. La Contraloría o una auditoría forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) serán las encargadas de determinar la existencia de irregularidades y cuantificar el daño económico definitivo.
Campero indicó que la operación de Botrading en Paraguay pudo haber tenido como fin evitar la supervisión boliviana, aunque destacó que el entramado jurídico de la empresa es un aspecto secundario dentro de la investigación, que se centra principalmente en las irregularidades de los contratos.
La denuncia fue presentada en julio por los legisladores de la Comisión Especial. El 5 de diciembre, la Fiscalía formalizó la imputación contra seis personas, entre ellas el exgerente de YPFB Corporación, Armin Dorgathen, acusados de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Hasta el momento, el Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción, que lleva el caso, no ha programado la audiencia cautelar para los seis imputados
