La Fiscalía presentó formalmente la imputación contra el expresidente Luis Arce Catacora por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, relacionados con el caso del Fondo Indígena. Se prevé que la audiencia para definir medidas cautelares se lleve a cabo próximamente.
En el escrito presentado, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Arce por un periodo de tres meses en el Centro de Reinserción de Qhalauma, ubicado en el municipio de Viacha, La Paz. Esta solicitud se fundamenta en el riesgo de fuga y la posibilidad de que el exmandatario obstaculice la investigación, debido a su experiencia y cargos anteriores, que podrían facilitar su salida del país o la influencia sobre el proceso.
La investigación se centra en presuntas irregularidades durante la gestión de Arce como ministro de Economía, cuando supuestamente autorizó desembolsos de recursos públicos a cuentas particulares y no cumplió con sus responsabilidades de supervisión sobre los proyectos financiados por el Fondo Indígena. Este caso surgió tras detectarse obras inconclusas o inexistentes financiadas con esos recursos.
Un elemento clave en la investigación es una reunión del Directorio del Fondo, realizada en 2009, en la que Arce habría informado sobre la disponibilidad de 925 millones de bolivianos para proyectos en 2010, según consta en un acta notariada. En ese encuentro, se señala que Arce habría promovido la inversión en bienes inmuebles y vehículos para organizaciones sociales, además de haber aprobado proyectos sin la documentación adecuada y sin dar seguimiento a su ejecución.
Además de la detención del expresidente, la Fiscalía ha emitido cinco órdenes de aprehensión contra otros implicados en el proceso. Estos mandamientos están en manos de la Policía para su cumplimiento y están acompañados de alertas migratorias para evitar la fuga de los investigados. En total, se identifican siete personas involucradas en este caso.
Desde el ámbito gubernamental, el viceministro de Seguridad Jurídica y Derechos Humanos indicó que la investigación no descartará la participación de otras personas, incluyendo a figuras políticas relevantes. Por su parte, exfuncionarios han señalado al expresidente Evo Morales como responsable principal de las irregularidades, mientras que atribuyen a Arce un rol administrativo en la gestión de los fondos.
El abogado de uno de los denunciantes en el caso, vinculado al exdirector del Fondo Indígena, señaló que las irregularidades involucran más de 1.100 transferencias públicas a privadas, beneficiando a miles de dirigentes sindicales. Según esta versión, el daño económico al Estado podría superar los 200 millones de dólares, evidenciando un esquema de desfalco prolongado.
Este proceso judicial representa un avance en la investigación de las irregularidades en la administración del Fondo Indígena, con implicaciones que podrían alcanzar a múltiples exautoridades y responsables de la gestión pública durante ese periodo
