El Gobierno boliviano activó gestiones diplomáticas y legales para verificar si Brasil habría otorgado refugio provisional a Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, y a Armin Dorgathen, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ambos declarados rebeldes por la Justicia boliviana y con órdenes de aprehensión vigentes.
La información fue confirmada por el viceministro de Transparencia, Yamil García, quien señaló además que el Ejecutivo recibió una denuncia que apunta a la posible participación de una exautoridad diplomática boliviana en este caso. “Tenemos la información de que los mismos estarían con la calidad provisional de refugio en la República de Brasil. Nosotros estamos activando por las vías diplomáticas correspondientes y todos los mecanismos legales”, afirmó en conferencia de prensa.
De acuerdo con los antecedentes, Arce Mosqueira es investigado por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, en una causa que examina la adquisición de inmuebles, vehículos de alta gama y otros bienes cuyo valor no guardaría relación con sus ingresos. En febrero de este año, el entonces director de Interpol Bolivia, Rigoberto Sánchez, informó que la Fiscalía ya había formalizado el pedido de sello rojo contra él, quien además enfrenta otro proceso vinculado con la presunta compra irregular de un predio productivo en Santa Cruz.
En el caso de Dorgathen, el exejecutivo de YPFB está procesado dentro del denominado caso Botrading, relacionado con presuntas irregularidades en la importación y comercialización de combustibles. Sobre él pesa una imputación formal por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
A comienzos de enero de 2026 circularon imágenes de Dorgathen en Brasil, donde presuntamente se encontraba en un parque de diversiones. En ese momento, la Fiscalía confirmó que se realizaban gestiones para ubicarlo y la Procuraduría informó que se había emitido un sello azul de Interpol para ayudar a determinar su paradero.
García precisó que las acciones en curso no solo buscan establecer si ambos están bajo alguna figura de protección en Brasil, sino también verificar si en ese país se habrían producido movimientos financieros y patrimoniales vinculados a los dos acusados.
