La reciente promulgación de la Ley de Diferimiento de Créditos ha quedado suspendida tras la presentación de una medida cautelar por parte del sector financiero ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según informó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. Esta situación ha generado preocupación y movilización en el ámbito de las micro y pequeñas empresas, que se declararon en estado de emergencia y advierten sobre posibles protestas contra la actual administración.
El ministro Espinoza detalló que la controversia gira en torno al proceso legislativo de aprobación de la ley. El sistema financiero cuestiona que, tras ser aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados y posteriormente modificada en el Senado, la norma no regresó a la Cámara baja para su revisión final, sino que fue enviada directamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este procedimiento, según los críticos, no habría respetado el trámite adecuado, lo que motivó la impugnación ante el TCP.
La reacción del sector microempresarial fue inmediata y crítica. Representantes de organizaciones como la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) y la Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) manifestaron su descontento y preocupación por las consecuencias que esta paralización podría acarrear. Destacan que la ley es vital para aliviar la carga financiera de más de un millón de pequeños empresarios, transportistas y trabajadores independientes que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.
Helen Rivero, líder de Conamype, calificó la impugnación como una estrategia dilatoria por parte de las entidades bancarias, que estarían utilizando el recurso legal para retrasar la aplicación de la norma y, en consecuencia, mantener la presión sobre los deudores. Por su parte, Jaime Vasques, presidente de Fedemype en La Paz, señaló que la falta de confianza en el TCP, debido a la presencia de magistrados con prórrogas en sus mandatos, agrava la incertidumbre y podría desencadenar movilizaciones masivas.
En un tono similar, Jhon Elmer Alanoca, representante de Fedemype en Viacha, advirtió que la demora en la implementación de la ley pone en riesgo la recuperación económica del sector y podría derivar en embargos para muchos prestatarios, por lo que convocó a una movilización nacional que incluirá diversas actividades de protesta.
Desde el ámbito jurídico, el abogado constitucionalista Marco Baldivieso explicó que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de dictar medidas cautelares que suspendan provisionalmente la vigencia de una norma mientras se resuelve su constitucionalidad. Sin embargo, señaló que la legitimidad de estas decisiones está siendo cuestionada debido a la situación irregular de algunos magistrados que continúan en funciones más allá de su mandato legal. Además, recordó que el Legislativo mantiene la potestad para modificar, suspender o derogar leyes, lo que representa otra vía para resolver el conflicto.
En síntesis, la suspensión temporal de la Ley de Diferimiento de Créditos ha generado un clima de tensión entre el sector financiero y las micro y pequeñas empresas, que buscan garantías para la reactivación económica y la protección de sus derechos frente a obligaciones crediticias en un contexto de incertidumbre institucional
