La Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia anunció que mantendrá sus medidas de presión y que, si el Gobierno no frena la descentralización educativa, activará un paro nacional de 48 horas para el 9 y 10 de noviembre. La decisión surge luego de una reunión sostenida el viernes pasado con el ministro de Educación y el viceministro de Autonomías, encuentro en el que, según el sector, no se registraron avances en sus demandas.
Miriam Ayala, ejecutiva nacional de la organización, explicó que el magisterio urbano exige detener la intención de trasladar a las gobernaciones la administración de los recursos de los institutos. Afirmó que, si el Gobierno retrocede en ese planteamiento, el cronograma de movilizaciones quedará sin efecto; de lo contrario, advirtió que las protestas se intensificarán.
Las acciones de protesta comenzarán este martes con la instalación de piquetes de huelga de hambre indefinida. El miércoles y jueves se prevén vigilias permanentes, mientras que el viernes habrá marchas simultáneas en las 31 federaciones del país. Luego, el lunes 9 y martes 10 de noviembre, el sector cumplirá el paro nacional de 48 horas, acompañado de movilizaciones y medidas de presión en las gobernaciones.
Ayala cuestionó la capacidad de las autoridades departamentales para asumir nuevas responsabilidades en educación, al señalar que ni siquiera han cumplido con obligaciones que ya tienen a su cargo. Como ejemplo, mencionó que varios institutos enfrentan dificultades para cubrir servicios básicos como agua y electricidad. En ese marco, sostuvo que no resulta viable ampliar competencias a instancias que, según dijo, no han resuelto problemas elementales.
La dirigente recordó además que en mayo el magisterio firmó un acta de compromiso con el Ministerio de Educación, en la que las autoridades se comprometieron a no avanzar con la descentralización. Sin embargo, afirmó que ese acuerdo no fue respetado. Frente a esa situación, convocó a los padres de familia a sumarse a las movilizaciones en defensa de la educación fiscal, pública y gratuita, y advirtió que la medida podría extenderse luego a los subsistemas de educación regular, alternativa y especial.
Desde el Gobierno se ha señalado que la descentralización no implica privatización, pero Ayala rechazó ese argumento y sostuvo que la medida podría trasladar cargas económicas a las familias en un contexto de dificultades. También expresó su preocupación por el presupuesto destinado a educación, al afirmar que habría bajado del 10% al 7% para la gestión 2026. A su juicio, si existiera una apuesta real por mejorar la calidad educativa, el porcentaje debería incrementarse y no reducirse.
Otro de los puntos de reclamo es el pago de más de 700.000 horas de trabajo gratuito que, según la dirigente, los maestros vienen cumpliendo sin reconocimiento. En ese sentido, advirtió que si el Ministerio de Educación dispone descuentos salariales por el paro de 24 horas realizado anteriormente, la confederación instruirá a los docentes dejar de trabajar esas horas adicionales no remuneradas.
Ayala responsabilizó al Gobierno y a las autoridades educativas por el conflicto, al considerar que las medidas de presión responden al incumplimiento de compromisos asumidos con el sector. La tensión entre el magisterio urbano y el Ejecutivo se mantiene abierta, mientras la confederación prepara una semana de protestas que podría derivar en una radicalización del conflicto.
