Bolivia inició noviembre bajo emergencia nacional y con la sequía extendida a 63 municipios de seis departamentos, en un contexto marcado por la preocupación ante uno de los meses considerados más críticos para el episodio climático El Niño 2026-2027. El Gobierno informó que, hasta el momento, 114.048 familias resultaron perjudicadas, mientras que 60.106 hectáreas se reportaron como perdidas y 75.013 cabezas de ganado también fueron afectadas por la falta de agua y otros eventos asociados.
La situación preocupa aún más porque los pronósticos no muestran un panorama uniforme para el país. Mientras en algunas regiones se prevé déficit de lluvias, en otras se anticipan precipitaciones intensas que podrían derivar en desbordes, riadas e inundaciones. Esa combinación de extremos mantiene en alerta a las autoridades y al sector productivo, especialmente en un periodo en el que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología proyectó que entre octubre y diciembre se registrará la mayor intensidad del fenómeno.
El presidente Rodrigo Paz firmó el sábado 31 de octubre el Decreto Supremo 5759, mediante el cual se declara Situación de Emergencia Nacional ante la sequía y el riesgo de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes. Con esa medida, el Ejecutivo anunció la movilización de recursos y la coordinación con gobernaciones, municipios y cooperación internacional para enfrentar los efectos del evento climático.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, detalló que entre el 1 de junio y el 29 de octubre el fenómeno climatológico golpeó a 114.048 familias. De ese total, 78.217 están afectadas y 35.831 fueron catalogadas como damnificadas, es decir, con pérdidas directas en sus medios de subsistencia. El informe oficial abarca 1.486 comunidades y muestra la magnitud del impacto en distintas zonas del país.
La superficie agropecuaria afectada alcanza 167.511 hectáreas, de las cuales 60.106 fueron reportadas como perdidas. A ello se suma la pérdida de 75.013 cabezas de ganado, una cifra que refleja el golpe que la sequía está dejando sobre la producción y la economía de las familias que dependen de la agricultura y la ganadería.
“Cuando falta agua, no solamente sufren las personas que necesitan beberla. También sufren los cultivos, los animales y las familias que viven de la agricultura y la ganadería”, explicó Justiniano al referirse al alcance de la emergencia y a la necesidad de actuar antes de que el escenario se agrave.
El arranque de noviembre concentra la atención en dos panoramas opuestos. Por un lado, el Altiplano, los Valles y el Chaco podrían seguir registrando lluvias por debajo de lo habitual; por otro, el oriente del país enfrenta la posibilidad de precipitaciones intensas que aumenten el riesgo de desbordes. Esa dualidad climática refuerza la preocupación oficial sobre lo que pueda ocurrir en las próximas semanas.
El agrometeorólogo Luis Alpire advirtió a EL DEBER que los impactos más fuertes de El Niño podían concentrarse entre octubre y diciembre. “En una parte del país puede faltar agua mientras en otra puede llegar demasiada”, resumió. A partir de ese escenario, Justiniano explicó que la declaratoria de emergencia no se limita a atender los daños ya registrados, sino que busca anticiparse a nuevos efectos.
A nivel regional, el Banco Mundial también incluyó a El Niño entre los riesgos para la economía de América Latina. En su informe de octubre, Panorama económico de América Latina y el Caribe, el organismo incorporó el apartado “El Niño y la vulnerabilidad regional” junto con un mapa de riesgo de sequías e inundaciones para octubre-diciembre de 2026.
El reporte advierte que la falta de agua puede reducir los rendimientos agrícolas y la generación hidroeléctrica, mientras que las lluvias extremas pueden dañar cosechas, carreteras y redes eléctricas. Según el organismo, las interrupciones en la producción y el transporte podrían presionar al alza los precios de alimentos y energía, con un impacto mayor sobre los hogares de menores ingresos.
Bolivia figura en ese mapa regional, aunque el Banco Mundial no calcula pérdidas económicas específicas para el país ni atribuye las cifras actuales de la sequía exclusivamente a El Niño. El estudio menciona además a Ecuador, Paraguay y Argentina entre las naciones potencialmente más expuestas.
En el caso boliviano, la declaratoria de emergencia fue recomendada por el Conar
