La Justicia determinó la detención preventiva por 40 días de Franz Yovanny Pereira Núñez, abogado del área de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, investigado por presuntamente haber solicitado Bs 5.000 a un juez a cambio de favorecerlo en un proceso disciplinario. La medida fue dispuesta en el penal de Palmasola, mientras avanzan las pesquisas sobre un caso que también alcanza al juez cautelar de La Guardia, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, incluido en una lista de restricciones de visa de Estados Unidos.
La denuncia que dio origen a la investigación surgió desde el propio Consejo de la Magistratura y activó las indagaciones de la unidad anticorrupción de la Felcc. Pereira tenía bajo su responsabilidad actuaciones vinculadas a un proceso administrativo abierto por presuntas faltas graves atribuidas a Vedia, lo que colocó el caso en el centro de la atención institucional y judicial en Santa Cruz.
Entre los elementos recolectados por los investigadores figura una grabación de audio que, según la denuncia, compromete al abogado, ya que en ella habría pedido Bs 5.000 para beneficiar al juez y evitarle una sanción. Durante las diligencias, Pereira admitió que la voz registrada en el audio era la suya, aunque negó haber solicitado dinero con la finalidad de influir en la resolución del expediente disciplinario.
Con esos indicios, el fiscal Gustavo Adolfo Ríos presentó imputación por los delitos de concusión y cohecho pasivo. En la audiencia cautelar, sostuvo que los elementos reunidos y los riesgos procesales justificaban la detención preventiva. Tras escuchar a las partes, la jueza Vivian Blacázar resolvió enviar al imputado a Palmasola por 40 días, mientras continúan las investigaciones y se revisa el contenido del audio.
El proceso disciplinario contra Vedia sigue por una vía independiente. Su nombre cobró mayor notoriedad a finales de septiembre, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó entre los funcionarios judiciales bolivianos sujetos a restricciones migratorias. La decisión fue adoptada en el marco de la política estadounidense orientada a enfrentar la corrupción y el narcotráfico, aunque no tiene efecto vinculante en Bolivia.
Después de conocerse esa nómina, el Consejo de la Magistratura anunció una revisión de las actuaciones y antecedentes de Vedia, así como de Albania Chane Caballero Saavedra y Rosario Ximena Flores Paniagua. Los tres ejercían funciones en Santa Cruz y quedaron bajo evaluación administrativa, sin que la restricción de visas implicara una suspensión automática de sus cargos. Además, los consejeros solicitaron información al Departamento de Estado a través de la Cancillería.
En octubre, una nueva lista de Estados Unidos incorporó al entonces presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y al vocal Julio Nelson Alba. Ante ello, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, les pidió apartarse de sus funciones y someterse a investigaciones. Quezada presentó su renuncia irrevocable tanto a la presidencia del TDJ como a su vocalía, mientras que Alba continuaba en funciones hasta octubre.
EL DEBER intentó obtener la versión de la presidenta del TDJ cruceño, Irma Villavicencio, sobre la situación de las autoridades observadas, pero la magistrada señaló que tenía una agenda recargada y ofreció pronunciarse en otra oportunidad. Tampoco fue posible conseguir una respuesta de Carlos Ortega, quien fue elegido para presidir el Tribunal Supremo de Justicia.
