A una semana de haber asumido la presidencia, Rodrigo Paz ofreció su primera valoración sobre el estado en que recibió las instituciones públicas tras la administración anterior. Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa del Pueblo, el mandatario reveló que una investigación preliminar sobre las finanzas estatales indica un desfalco que supera los 15.000 millones de dólares.
Paz describió la situación como una compleja red de corrupción, comparándola con un “pulpo” cuyos tentáculos se extienden más allá del alcance inmediato del gobierno. Afirmó que día a día se descubren nuevos casos que complican aún más el panorama, y aunque la cifra exacta aún debe ser confirmada, la estimación inicial supera ampliamente los 15 mil millones de dólares.
El presidente enfatizó que este saqueo no puede quedar impune, calificándolo como un robo al futuro del país perpetrado por unos pocos. Esta evaluación surgió tras la primera sesión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conape), organismo integrado por representantes de los 15 ministerios y encargado de diseñar políticas y normativas en diversas áreas.
Como parte de las medidas inmediatas, Paz instruyó al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, a impulsar procesos judiciales contra los responsables de actos de corrupción, asegurando que no habrá tolerancia ni impunidad en estos casos.
El jefe de Estado explicó que el trabajo actual no se orienta a transformar el Estado, sino a realizar una especie de “autopsia” para evaluar el daño causado. Consideró que el Estado, tal como fue encontrado, está “muerto” debido al impacto del desfalco millonario, lo que contradice la idea previa de un “Estado tranca” que había utilizado durante su campaña electoral para describir la gestión anterior.
En cuanto a la administración pública, Paz destacó que su gabinete tiene la tarea de eliminar trabas burocráticas mediante la promulgación de decretos y resoluciones que permitan una gestión más eficiente y ágil, con el objetivo de cumplir las metas planteadas en su programa de gobierno.
Uno de los casos emblemáticos de corrupción detectados es la compra de radares franceses por un valor superior a los 360 millones de euros, los cuales, a más de una década de su adquisición, no están operativos. Este y otros casos similares están siendo investigados para determinar el daño económico causado y señalar a los responsables.
Estas acciones buscan también demostrar a organismos internacionales, como la Corporación Andina de Fomento (CAF), que el país está tomando medidas para ordenar sus finanzas y recuperar la confianza necesaria para acceder a créditos.
Finalmente, el presidente aseguró a la población que la provisión de combustible está garantizada. Sin embargo, reconoció que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se encuentra enfrentando redes criminales dedicadas al contrabando de diésel y gasolina, consideradas parte de la compleja estructura de corrupción detectada
