La reciente fuga de dos ciudadanos brasileños vinculados al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más violentas de Brasil, desde una cárcel de máxima seguridad ha generado sospechas sobre posibles complicidades dentro de la Policía. Los prófugos, que previamente estaban recluidos en un penal en Santa Cruz, tenían antecedentes relacionados con asesinatos, ajustes de cuentas y conexiones directas con el narcotráfico en una importante región productora de coca ilegal.
Los detenidos fueron identificados como Jangledson De Oliverira y Óscar Junior Terra Días de Floriano, ambos con tatuajes que los identifican como miembros del Comando Vermelho, grupo dedicado al tráfico internacional de drogas, sicariato y control territorial en prisiones de Brasil y otros países vecinos. Antes de su traslado a la cárcel de alta seguridad, estaban recluidos en un pabellón especial donde se les vinculaba con el homicidio de un recluso que había asesinado a un juez en una zona clave del narcotráfico.
El fallecido, Remberto López Herbas, murió tras recibir dos disparos en la cabeza dentro del penal, hecho que encendió las alarmas sobre el dominio que ejercen estas organizaciones dentro de los centros penitenciarios. Las investigaciones revelaron que el asesinato fue un encargo solicitado por narcotraficantes a cambio de dinero, con la participación directa de miembros del grupo, uno de los cuales facilitó el ingreso del arma al penal, evidenciando posibles complicidades internas.
Tras aceptar una condena de 30 años sin derecho a indulto, los brasileños fueron trasladados a la cárcel considerada la más segura del país. Sin embargo, en la madrugada del 17 de diciembre lograron escapar utilizando una escalera para superar los muros perimetrales. Durante la inspección posterior, se encontraron evidencias de forcejeo en las puertas, una escalera apoyada en el muro y un arma blanca, lo que sugiere que la fuga fue planificada.
Como resultado, se detuvo a un policía encargado de la vigilancia en una torre, además de varios funcionarios penitenciarios, incluyendo al director y al jefe de seguridad del penal. Se confirmó que el funcionario responsable del control perimetral no estaba en su puesto en el momento de la fuga, lo que facilitó la evasión sin resistencia.
Ante esta situación, las fuerzas policiales activaron un operativo nacional de búsqueda con prioridad máxima, reforzando controles en distintas ciudades y en las fronteras para evitar la salida de los prófugos del país. Este incidente pone en evidencia la presencia y el alcance de organizaciones criminales transnacionales que operan desde las cárceles y la vulnerabilidad de las estructuras estatales encargadas de la seguridad penitenciaria, incluso en recintos considerados de máxima seguridad
