El accidente de un joven motociclista, que permanece en terapia intensiva, volvió a poner sobre la mesa una preocupación que en Tarija viene creciendo: los incidentes provocados por perros que circulan sin supervisión en las calles. El caso reactivó el debate sobre la tenencia responsable y sobre la respuesta institucional ante mordeduras, ataques o situaciones de riesgo vinculadas con animales que permanecen en espacios públicos.
A ese episodio se suman otros hechos que han sido mencionados por autoridades y activistas, entre ellos la muerte de una niña por mordeduras, dos personas lesionadas luego de caer de una motocicleta en el barrio Fátima y el caso de un niño que estuvo a punto de ser atropellado mientras escapaba de un perro. Para distintos sectores, estos antecedentes reflejan una problemática que no se limita a un hecho aislado, sino a la presencia sostenida de animales sin control en diferentes zonas de la ciudad.
El director municipal de Zoonosis, Luis Morales, explicó que la atención de este tipo de denuncias comienza en el Servicio Departamental de Salud, donde la persona afectada reporta la mordedura o agresión. Desde allí se emite una notificación para identificar al propietario del perro, si lo hubiera, y posteriormente el caso puede pasar a la unidad municipal. Morales indicó que Zoonosis recibe denuncias de manera permanente, aunque no precisó una cantidad de casos.
Según detalló, la instancia municipal puede iniciar un proceso administrativo que incluye la notificación a la persona denunciada y una audiencia entre las partes involucradas. Sin embargo, Morales recomendó que, cuando existen lesiones, también se acuda a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
En medio de la discusión, el director de Zoonosis puso el foco en la responsabilidad de quienes alimentan y protegen a perros que viven en la vía pública. Recordó que la Ley Municipal 217 reconoce la figura de los perros comunitarios, es decir, animales que permanecen en la calle pero reciben alimento y cuidados de uno o varios vecinos. Desde su perspectiva, ese compromiso no puede reducirse a dar comida o construir un refugio improvisado, sino que también implica responder por el comportamiento del animal y prevenir daños a terceros.
La activista por los derechos de los animales Carmen Rosa Valencia coincidió en que existe una responsabilidad compartida, pero cuestionó que en Tarija no haya un protocolo claro que indique cómo denunciar un ataque, qué institución debe intervenir y cómo se hace el seguimiento del caso. Aseguró que ha pedido en reiteradas ocasiones una ruta de atención similar a la que existe para otros tipos de denuncias, pero sostuvo que hasta ahora no se cuenta con esa guía.
Valencia también recordó un hecho ocurrido en el barrio Fátima, donde un perro comunitario alimentado y cobijado por varias familias habría provocado la caída de dos personas que circulaban en motocicleta, quienes resultaron lesionadas. Para la activista, las familias que asumen el cuidado de estos animales deben identificarse y asumir las obligaciones que esa responsabilidad implica.
Otro de los casos que mencionó fue el de una niña que falleció tras sufrir mordeduras en el rostro y el cuello. A partir de ese hecho, relacionó el incumplimiento de las normas con la tenencia de perros considerados de manejo especial. Señaló que la Ley 553 establece para los propietarios de determinadas razas el uso de correa y bozal, además del registro y la contratación de un seguro, y cuestionó que esas disposiciones no se cumplan de manera efectiva.
Valencia insistió en que la responsabilidad no debe recaer sobre el animal, sino sobre las personas que lo tienen a su cargo y no garantizan medidas de seguridad. En esa línea, sostuvo que la falta de un protocolo dificulta que las víctimas sepan a dónde acudir y qué pasos seguir después de una agresión.
La activista también criticó que las acciones municipales se concentren principalmente en campañas de esterilización, cuando —según afirmó— la Ley Municipal 217 contempla otras obligaciones, como la educación sobre tenencia responsable y la implementación de un albergue. A su juicio, para que la normativa se cumpla hacen falta más presupuesto, personal, equipamiento y controles.
Además, planteó la necesidad de realizar un censo que permita identificar no solo a los animales vacunados, sino también a los perros que viven en las calles, a los comunitarios y a los que permanecen en mercados, plazas y otros espacios públicos. Considera que esa información sería clave para diseñar medidas de prevención más efectivas.
El debate deja en evidencia una tensión que sigue sin
