La seguidilla de asesinatos registrada en San Ignacio de Velasco durante el domingo 13 y el lunes 14 de septiembre dejó al descubierto una amenaza que golpea con fuerza a los jóvenes de las zonas fronterizas: por un lado, son captados por organizaciones criminales para ser incorporados al delito y, por otro, terminan convertidos en víctimas de ejecuciones. En menos de 36 horas, cuatro personas fueron asesinadas a tiros, en un contexto que mantiene en alerta a las autoridades por el avance del crimen organizado y el narcotráfico.
La gravedad de la situación llevó ayer a la convocatoria del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, que sesionó en la Casa de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz. En esa reunión participaron representantes de la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, autoridades nacionales, alcaldes y delegados institucionales, con el objetivo de definir respuestas frente a la violencia que se concentra en la Chiquitania y, de manera particular, en San Ignacio de Velasco.
El gobernador Juan Pablo “JP” Velasco centró su intervención en el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales y advirtió sobre la expansión de prácticas vinculadas al sicariato. “Están asesinando personas; tenemos sicariato en las calles; jóvenes cruceños que están siendo reclutados por este crimen organizado”, sostuvo, al exigir una reacción visible del Estado.
Velasco también insistió en la necesidad de incrementar la presencia policial y militar en San Ignacio y en toda la Chiquitania, además de reforzar los mecanismos de vigilancia para ubicar a quienes organizan y financian los asesinatos, así como a quienes participan en la captación de jóvenes.
De la reunión surgió como principal determinación la propuesta de impulsar un Comando Conjunto de Lucha contra el Crimen Organizado, con base en San Ignacio. La resolución plantea solicitar al gobierno central su activación por un periodo inicial de seis meses, con posibilidad de ampliación por otros 12, bajo un esquema de trabajo conjunto entre efectivos policiales y militares. Las operaciones se concentrarían en la frontera con Brasil y en municipios como San Ignacio, San Matías y Puerto Quijarro, además de otras zonas que serán definidas a partir de un “mapa de calor criminal”.
El Consejo también pidió identificar estructuras, autores y financiadores vinculados al sicariato, al tiempo de priorizar la provisión de equipos, combustible y otros recursos para sostener los operativos. Otra de las solicitudes apunta a que las armas decomisadas o bajo custodia judicial sean entregadas a la Policía y a las Fuerzas Armadas. En el caso de las motocicletas y sus conductores, se promoverán leyes municipales para hacer obligatorio el uso de chalecos reflectivos con la placa impresa visible.
Desde San Ignacio, el alcalde Felman Gómez pidió que el plan BOL-110 sea aplicado como programa piloto en la región chiquitana, acompañado de cámaras, drones, vehículos y tecnología. “San Ignacio tiene miedo, San Ignacio quiere respuestas”, expresó, al reclamar resultados inmediatos y advertir que la seguridad “no admite retraso”.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, señaló además que padres de familia y pobladores le solicitaron incluso postergar el inicio de clases por temor a nuevos hechos violentos. Ese pedido refleja el impacto que dejaron los asesinatos y la demanda de una presencia estatal permanente en la zona.
En paralelo, el fiscal departamental Alberto Zeballos informó que ya existen varios presuntos autores identificados y que se prepara su aprehensión inmediata. A su vez, el fiscal general Roger Mariaca pidió una reunión con el ministro de Gobierno y el comandante de la Policía para coordinar una respuesta a nivel nacional.
En San Ignacio, la exigencia de blindaje se traduce en control, inteligencia y prevención en un territorio donde el crimen organizado y la violencia siguen marcando la agenda.
